Caracas. Dannis Hernández, “Dannito”, como lo llama su madre, Zenaida Alcázares, tiene cuatro meses de edad, es venezolano y caraqueño de cuna. Nació el 21 de mayo de este año, a las 9:30 de la noche y se llama exactamente como su padre. Hasta hora su historia personal tiene poco de extraordinario: su madre hace cola en cuanto establecimiento consigue para comprar leche y es el tercer hijo de esa familia residenciada en Petare. Pero lo que quizás podría ser el dato más obvio, el más indiscutible de todos, en la Venezuela en crisis es, tal vez, el más incierto.
En realidad, “Dannito” aún no ha nacido, al menos no desde el punto de vista legal. Con una existencia postergada por el Estado, su nombre todavía no figura en el Registro Civil y su identidad es solo un acuerdo familiar, un consenso. No hay nada que pruebe su nacimiento y mientras espera respuesta, Zenaida dice que lleva la cuenta de aquel alumbramiento en el almanaque batiente que cuelga de su nevera. Después de todo, su niño nació sano, como se lo había confirmado su médico durante el control, pero dos cosas cambiaron a última hora: vino al mundo por cesárea y, en lugar de una clínica, como lo había aspirado la mamá, nació en el Materno Infantil de Petare, pues tuvo problemas con la póliza de seguro y los dolores llegaron sin aviso previo.
“Me siento muy mal porque no hay quien responda. He acudido varias veces a la dirección del hospital y no hay quien dé la cara por la irresponsabilidad de este Gobierno. Nadie se atreve a decirme cuándo será solventado el problema. Con quién debo hablar para que me entreguen el certificado de nacimiento de mi hijo. Tengo más de tres semanas oyendo la misma excusa: ‘el próximo lunes estará listo’”, cuenta Zenaida.
Su drama es aún más profuso. Su esposo se mudó a Medellín hace seis semanas para abonar el terreno donde construirán lo que será su próximo hogar y poder dejar atrás la “pesadilla” de vivir en Venezuela sin alimentos, sin servicios ni medicinas.
No me he podido mudar a Colombia porque no tengo el certificado del niño y no puedo salir del país sin su partida de nacimiento. No lo he bautizado y tampoco he podido comprar leche regulada cuando se me ha presentado la oportunidad”, cuenta Zenaida.
Con el déficit presupuestario que arrincona a los hospitales, la crisis sanitaria no solo se ciñe a los problemas de infraestructura, la escasez de insumos y a la falta de personal. El drama en la atención pública permea terrenos inusitados y hace cuesta arriba la emisión de certificados de nacimiento, el documento que prueba la vida de los neonatos. En este nivel de la crisis, las maternidades se han quedado sin papel de seguridad para emitir las actas y responden a los reclamos con medidas improvisadas: un oficio sin mayor pretensión que la de asegurar que la madre fue atendida en el centro de turno. A decir verdad, la ausencia de papel de seguridad tiene implicaciones más allá de lo netamente legal y priva a los bebés, por ejemplo, del derecho a la inmunización en un país donde proliferan enfermedades que se creían erradicadas.
Gobierno admite fallas de papel de seguridad
Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país y agrega que la emisión del certificado, compuesto por cuatro actas seriadas e impresas en papel químico, es responsabilidad de varias instituciones. La situación desborda el Área Metropolitana. Marín explica que el papel de seguridad no se produce en el país y ello ha retrasado la entrega. Solo en el José Gregorio Hernández, de Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto, el número de parturientas atendidas en un día se incrementó de 15 a 60, según el personal. La recuperación de ese servicio abre una brecha importante de espera para las familias que aguardan por un certificado de nacimiento.
Frente a las fallas de un sistema de salud que implosiona, el viceministro de Hospitales asegura que buscan alternativas.
“Estamos haciendo impresiones en papel bond y les colocamos un sello de seguridad”, explicó
La escasez de EV-25, como también se les conoce a las planillas de certificación, no solo se recrudece en los establecimientos especializados como la Maternidad Concepción Palacios, también afecta a los hospitales generales como el Doctor José Gregorio Hernández, en Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto. Daniel Hernández, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, señala que la institución adeuda 900 certificados a niños nacidos en Los Magallanes. Aunque las primeras denuncias en torno al problema se presentaron en abril, no fue sino hasta hace dos meses cuando estalló el descontento.
Fuente: http://cronica.uno/nacidos-sin-derecho-a-identidad-i/
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