“La crisis económica de Venezuela puede ser catalogada como una de las más severas de la historia económica reciente, con una hiperinflación anual cercana a 500.000% a septiembre de 2018 y la merma significativa del salario real”, aseguró el organismo en un reporte sobre la migración venezolana en Colombia.
En el texto “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo”, el Banco Mundial asegura que la salida de venezolanos hacia Colombia tiene una correlación con la hiperinflación.
“Esta ha derivado en el incremento de los niveles de pobreza afectando, aproximadamente, un 90% de la población”, agregó el documento.
Cerca de 1,9 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU.
En los últimos años Colombia ha recibido a más de un millón de venezolanos, de los cuales ha regularizado a 820.000.
Según indicó en octubre el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, la inflación anualizada (septiembre de 2017 – septiembre de 2018) trepó a 342.161%, la más alta en lo corrido del año.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, estima que la hiperinflación llegará a 1.350.000% en 2018.
Analistas atribuyen el estallido inflacionario a una descontrolada emisión de dinero sin respaldo, en un país en recesión desde 2014 por la caída de los precios y de la producción de petróleo. El crudo aporta 96% de los ingresos en Venezuela.
La economía venezolana se contrajo 14% el año pasado y se espera que se retraiga 18% este año, según el FMI.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó en agosto un programa de reformas frente a la aguda crisis, que incluye un aumento salarial de 3.400%, una devaluación de 96% del bolívar -la moneda local- y alzas en los precios de la gasolina y los impuestos.
También puso en circulación nuevos billetes que restaron cinco ceros al bolívar, devorado por la inflación.
El Banco Central de Venezuela dejó de publicar los índices macroeconómicos en febrero de 2016, y el Parlamento, cuyas decisiones no son reconocidas por el gobierno, empezó a hacer la estimación por su cuenta en 2017.
Fuente: EFE
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