Guadalupe Rodríguez, consumidora, se frotó los ojos para comprobar que había leído bien el precio del kilo de carne de res en un negocio en el suroeste de Caracas. 900 bolívares soberanos costaba el kilo de bistec. Como su presupuesto era de solo 600 bolívares, no pudo comprarlo.
“La gente no consumirá más carne, pues se lleva la mitad del salario mínimo. Mi mayor preocupación es que aumente la desnutrición por la falta de proteína animal en el organismo, sobre todo en los niños y en personas mayores”, expresó Rodríguez antes de darse la vuelta y salir de la carnicería con las manos vacías.
Desde comienzos de septiembre, el desabastecimiento de la carne se acentuó en los expendios de alimentos, y de manera irregular ha aparecido en carnicerías y mercados municipales, pero a precios exorbitantes.
De acuerdo con productores agropecuarios, el alza del precio del rubro y la escasez son consecuencias no solo de la hiperinflación, sino también del dominio que tienen los gobernadores de los estados Guárico, Barinas, Apure, Cojedes, Yaracuy y Portuguesa sobre el sector ganadero.
Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, denunció que la estatización de la producción ganadera ha hecho que el precio de la carne se incremente más de 900% en los últimos dos meses y medio, y que el desabastecimiento del rubro sea de 90%.
“No sabemos qué hacen los gobernadores con la carne, justamente en la época en la que históricamente en Venezuela hay más arrime de ganado, octubre, noviembre y diciembre. Mientras el manejo de la comercialización estuvo en manos del sector privado, jamás hubo desabastecimiento de carne ni faltó en la mesa de los venezolanos como ocurre ahora, con excepción de esos episodios en los que la Sundde apresó a carniceros”, recordó el empresario.
El gobernador de Guárico, José Vásquez, exige 60% del rebaño que es arrimado a los mataderos de beneficio, mientras que los mandatarios regionales de Apure, Barinas, Yaracuy, Portuguesa y Cojedes, Ramón Carrizález, Argenis Chávez, Julio León Heredia, Rafael Calles y Margaud Godoy, respectivamente, demandan 30% del ganado que va a matanza en esas entidades.
Armando Chacín, presidente de Fedenaga, aseguró que, de manera inconstitucional e ilegal, esos gobernadores, con la excusa de que alimentarán a los más desposeídos, persisten en intervenir la cadena de comercialización a precios risibles que no cubren los costos de producción. “Les conviene la escasez. Ellos venden a cadenas de carnicerías y a supermercados con un sobreprecio de 400% y a nadie le ofrecen carne a precios bajos”, denunció el productor. Afirmó que dosificar la matanza acelera el precio al alza. Esos precios irrisorios que alude Chacín son 45 bolívares el kilo de vaca en pie y 50 bolívares el kilo de toro en pie.
Los ganaderos añaden que no ha habido manera de resolver la situación, ni siquiera con un mandato del ministro de la Defensa. En la Gaceta Oficial N° 41325, del 22 de enero, la jefatura de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, presidida por el ministro Vladimir Padrino López, ordenó detener la aplicación de los decretos que obligan a los productores a vender hasta 50% de sus productos a organismos de esas entidades.
No sabemos qué hacen los gobernadores con la carne. Mientras el manejo de la comercialización estuvo en manos de privados, jamás faltó la carne en la mesa de los venezolanos
Fuente: Por CARLOS SEIJAS MENESES | @CARLOSGMENESES
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