El presidente de la Asamblea Nacional (AN) se dirigía en un automóvil a un cabildo abierto en el estado Vargas, cercano a Caracas, en donde fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes lo retuvieron durante unos minutos para luego ser liberado.
El hecho, que fue informado por Guaidó en su cuenta de Twitter, desencadenó de inmediato una ola de reacciones tanto al interior de Venezuela, de parte de la oposición, como de distintos organismos y Gobiernos que apoyan al parlamentario.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó de “secuestro” lo ocurrido con el opositor Guaidó, y urgió a la comunidad internacional a “detener los crímenes” de Maduro.
“Condena y rechazo absolutos al secuestro del Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La comunidad internacional debe detener los crímenes de Maduro y sus esbirros”, afirmó Almagro desde Twitter.
El Grupo de Lima, a excepción de México, lamentó también este suceso a través de un mensaje en su pagina web en donde trece de los países americanos miembros, críticos de Maduro, expresaron su total apoyo a los integrantes de la AN.
Estados Unidos denunció que dicha detención es un “grave asalto” al estado de derecho en Venezuela por parte de “la dictadura” de Nicolás Maduro y acusó como responsable al jefe de inteligencia venezolano, Manuel Christopher Figuera.
“Llamamos a las fuerzas de seguridad a defender la constitución y los derechos del pueblo venezolano. Estados Unidos y el mundo están mirando”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado, en su cuenta de Twitter.
En una línea similar se expresó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien dijo en la misma red social que “estos actos de intimidación por la policía secreta de Maduro patrocinada por Cuba (Sebin), guiada por el general Figueroa, representan un grave asalto al estado de derecho en Venezuela”.
Colombia también se opuso y repudió “vehementemente el secuestro” del parlamentario, al tiempo que rechazó “todo acto del régimen de Nicolás Maduro en contra de la libertad, la seguridad y la integridad de los miembros de la Asamblea Nacional”.
El Gobierno de Chile calificó lo cocurrido de “amedrantamiento a opositores en Venezuela” y manifestó nuevamente “su irrestricto apoyo” al Parlamento de ese país, al que considera “el único órgano legítimo y democráticamente elegido en Venezuela”.
Sentimiento que también comparte Perú, que reiteró su “pleno respaldo” a la Asamblea en el país suramericano y repudió la detención “arbitraria e ilegal” de Guaidó.
Argentina mostró su solidaridad y apoyo al presidente del Parlamento, pues para el Gobierno de Mauricio Macri el “incidente” atenta contra “las libertades civiles y políticas de los venezolanos”.
El Gobierno costarricense, que ha manifestado no reconocer como mandatario de Venezuela a Maduro, recalcó su indignación ante la agresión contra Guaidó.
“De la manera más vehemente, repudiamos este atropello contra la institucionalidad democrática del hermano pueblo de Venezuela, y expresamos nuestra firme solidaridad con los líderes legítimamente electos de su Asamblea Nacional”, indicó la Cancillería del país.
En medio de la situación en la que fue detenido Guaidó, el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó la destitución de los agentes de inteligencia que participaron en la detención, en un procedimiento que calificó como “irregular”.
Rodríguez denunció que este hecho fue realizado por “funcionarios que se prestaron para que se instalara este show” y acusó a la oposición de estar ligada a “shows mediáticos y falsos positivos”.
Por su parte, Guaidó indicó que su detención muestra el “desespero” del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Están desesperados en Miraflores (sede del Ejecutivo), no saben quién da la orden”, dijo el diputado de Voluntad Popular (VP) ante cientos de personas en el estado Vargas, cercano a Caracas, de donde es natural.
Guaidó pidió el pasado viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del Gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara y buena parte de la comunidad internacional al jefe del Estado, Nicolás Maduro.
Fuente: EFE
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