Conseguimos la entrevista a la vieja usanza: llamamos por teléfono y la pedimos. Un productor de Univisión —la cadena de televisión en la que trabajo desde 1984— contactó a Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, y le preguntó si Maduro estaba dispuesto a darnos una entrevista. El líder dijo: “Vengan a Caracas”. Y así lo hicimos, con documentos oficiales que nos permitían la entrada al país.
La entrevista comenzó con tres horas de retraso el lunes 25 de febrero por la tarde, en el Palacio de Miraflores. Unos minutos antes, Maduro había terminado de hablar con el periodista de ABC News Tom Llamas, y parecía estar de buen humor. La ayuda humanitaria que la oposición —con el respaldo de una alianza internacional— había intentado cruzar a Venezuela a través de las fronteras con Colombia y Brasil había sido detenida, así que Maduro se sentía fortalecido. Se suponía que iba a ser un buen día.
Pero no lo fue. La primera pregunta que le hice a Maduro fue si debía llamarlo “presidente” o “dictador”, como le dicen muchos venezolanos. Lo confronté sobre las violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura que han sido registrados por Human Rights Watch y sobre la existencia de prisioneros políticos. Cuestioné su aseveración de que había ganado las elecciones presidenciales de 2013 y de 2018 sin fraude y, lo más importante, sus afirmaciones de que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Fue en ese momento cuando saqué mi iPad.
El día anterior había grabado con mi celular a tres hombres jóvenes que buscaban comida en un camión de basura en un barrio pobre que se encuentra a minutos del palacio presidencial. Le enseñé esas imágenes a Maduro. Cada segundo del video contradecía su relato oficial de una Venezuela próspera y progresista después de veinte años de Revolución bolivariana. En ese instante, Maduro explotó.
Cuando la entrevista llevaba aproximadamente diecisiete minutos, Maduro se levantó, intentó bloquear las imágenes de mi tableta de manera absurda y anunció que la conversación se había terminado. “Eso es lo que hacen los dictadores”, le dije.
Unos segundos después de que Maduro se marchara, el ministro Rodríguez me dijo que el gobierno no había autorizado esa entrevista y enseguida ordenó a los agentes de seguridad que nos confiscaran las cuatro cámaras y todo nuestro equipo de producción, además de las tarjetas de memoria en las que se había grabado la conversación.
Alguien gritó que me sacaran de inmediato del palacio presidencial, pero en vez de eso dos miembros de la seguridad del gobierno me llevaron a un cuarto pequeño en donde me ordenaron que les diera mi celular y la contraseña. Estaban preocupados de que hubiera grabado el audio de la entrevista y no querían ninguna filtración. Pero me rehusé a hacerlo.
Un momento después, mi colega María Martínez —una de las mejores productoras del país— fue llevada a la misma habitación en la que estaba yo. Para frustración de los agentes de seguridad, María se las arregló para hacer una llamada fugaz a Daniel Coronell, el presidente de Univisión News, quien a su vez le advirtió al Departamento de Estado de Estados Unidos y anunció a muchos medios de comunicación lo que estaba pasando. Después me enteré de que el resto de nuestro equipo —cinco empleados de Univisión—, fue conducido a la sala de prensa y luego los sacaron y subieron a un camión del gobierno.
Alguien apagó las luces en nuestra pequeña habitación y entonces un grupo de agentes entró y me quitaron a la fuerza mi celular y mi mochila. Revisaron con furia mis pertenencias. Me palparon de pies a cabeza. María pasó por la misma experiencia humillante con una oficial. Pregunté si estábamos detenidos. Dijeron que no, pero aún así no nos dejaron salir de la habitación.
Finalmente nos dijeron a María y a mí que nos uniéramos con nuestros colegas en el camión. Dijeron que querían llevarnos a nuestro hotel, pero, de nuevo, nos rehusamos. En ese momento estábamos preocupados por nuestra seguridad y la posibilidad de que fuéramos llevados a un centro de detención o a algún lugar aún más turbio.
Cuando nos estaban llevando a la calle, Rodríguez reapareció y nos increpó para reclamarnos sobre la entrevista y el modo en el que la condujimos. Le respondí que nuestro trabajo es hacer preguntas y que nos estaban robando la grabación de la entrevista y nuestro equipo. Para entonces, nos dimos cuenta después, ya se habían publicado las primeras noticias de nuestra detención en las redes sociales. Ya no podían mantener el secreto. Eran aproximadamente las 21:30, dos horas después de que había terminado la conversación con Maduro.
Nuestro conductor, quien había estado esperando todo ese tiempo en uno de los costados de la calle, apareció de manera repentina. A esa altura, las mismas personas que nos habían detenido querían que nos marcháramos. Pronto. Y así lo hicimos.
Nos subimos a nuestro coche y nos volvimos al hotel. Algunos miembros de la agencia de inteligencia venezolana acordonaron el hotel para que no nos escapáramos. Unas horas después, un funcionario de migración nos informó que al día siguiente por la mañana seríamos expulsados del país. Aproximadamente a la 1:00, una persona que se presentó como “capitán” —uno de los hombres que me habían detenido en el palacio presidencial— vino al hotel para devolverme el celular en una bolsa de plástico. Todo su contenido había sido borrado completamente. Asumo que antes de hacerlo hackearon todo lo que pudieron.
El lunes vivimos solo una pequeña prueba del acoso y abuso que los periodistas venezolanos han padecido por años. En nuestro equipo hay dos venezolanos —el corresponsal Francisco Urreiztieta y el camarógrafo Édgar Trujillo—, quienes habrían enfrentado riesgos terribles si se quedaban en su país. Por fortuna, todos regresamos a salvo a Miami, en Estados Unidos. Pero nuestras cámaras y grabaciones de la entrevista se quedaron en Venezuela, al igual que todos los celulares de mis compañeros.
¿A qué le teme Maduro? Debería permitir que el mundo vea la entrevista. Si no lo hace, solo habrá probado que se está comportando precisamente como un dictador.
Por: Jorge Ramos | The New York Times
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