Este miércoles, 5 de junio, se realizará el juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados por la comisión del delito de violación y trato cruel en contra de un joven estudiante detenido en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
El Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a cargo del Juez José Domingo Martínez, conocerá del caso que asiste legalmente la Comisión para los Derechos del Estado Zulia (Codhez).
El origen de este caso se remonta a la detención arbitraria del joven estudiante ocurrida el 20 de julio de 2017 durante una protesta en las adyacencias de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del sector Amparo, en la ciudad de Maracaibo. El estudiante fue trasladado a la sede de la institución gubernamental (a pesar de que no es un centro de reclusión) y sometido a tratos crueles por parte de los funcionarios. Posteriormente, fue presentado ante tribunales militares en flagrante violación a la garantía de juez natural establecida en la Constitución Nacional.
Ante la gravedad del caso y el sufrimiento infligido a la víctima, desde Codhez se alegó la necesidad de juzgar a los acusados por el delito de tortura, no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles siguiendo el criterio del Juzgado.
Es de destacar que ocho de los funcionarios de la comisión policial señalada por estos delitos están privados de libertad, mientras que otros dos, cuentan con orden de captura de la Interpol.
Durante el transcurso de 2018, la audiencia preliminar de este caso fue diferida en sietes oportunidades y el juzgado penal de control negó las solicitudes de las copias certificadas del expediente a los representantes de la víctima. Esta obstaculización al derecho a la defensa de la víctima luego fue enmendada por el juzgado ante un amparo constitucional interpuesto por Codhez en diciembre del pasado año.
En esta nueva fase del proceso, Codhez exige la realización de un juicio justo, sin más dilaciones, que permita la reparación de los derechos de la víctima y de sus familiares, así como el castigo a los responsables. Sancionar las violaciones a los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado.
Fuente: Donlengua.com
en quien debemos confiar??? Que desgracia a donde hemos llegado. escorias como esas hay que desaparecer las de la faz de la tierra..
ResponderEliminarle deben aplicar todo el peso de la ley si hay jueses de verdad serios y no corruptos
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