La Comisión había previsto una visita al país que comenzaba este martes y terminaba el 8 de febrero, pero el gobierno de Maduro ya había advertido que la delegación no estaba autorizada.
“La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país”, dijo la Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que indicó que “se encontrará con las víctimas” en la frontera entre Colombia y Venezuela.
El gobierno de Maduro retiró en 2019 a sus diplomáticos acreditados ante la OEA, que a su vez desconoce la legitimidad del segundo mandato del presidente venezolano, iniciado el 10 de enero del año pasado, tras considerar que su reelección en mayo de 2018 no contó con las garantías necesarias.
La banca de Caracas en la organización regional la ocupa Gustavo Tarre, delegado del líder parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza.
“La visita se organizó en aceptación a la invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela”, señaló la CIDH en el comunicado, en alusión a Tarre.
En tanto, el delegado de Guaidó condenó “enérgicamente la decisión” del gobierno de Maduro y agradeció en Twitter el “compromiso” de la CIDH con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Tarre fue reconocido como enviado venezolano en la OEA por 18 países en abril pasado, días antes de que los representantes de Maduro abandonaran el organismo.
Este martes, el gobierno de Maduro conmemora los 28 años desde que el fallecido Hugo Chávez encabezara un fallido golpe de Estado.
– “Esconder las graves violaciones” –
La delegación de la CIDH encabezada por su presidenta, Esmeralda Arosemeña de Troitiño, publicó una foto en las redes sociales informando que Copa Airlines les impidió el abordaje del vuelo que partía en Panamá con destino a Caracas.
“Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país”, dijo la entidad, que rechazó este tratamiento.
La misión estaba compuesta también por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y personal técnico del organismo.
Lanza dijo que este es “un día triste para la historia de derechos humanos en la región”.
“En 60 años hemos observado la situación en gobiernos de cualquier tendencia, (y) las dictaduras cedieron a presión internacional”, agregó.
La CIDH dijo que “es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos” y agradeció al gobierno de Colombia por disponer de las condiciones para que se desarrolle la visita.
La ONG Amnistía Internacional señaló que al prohibir el embarque de la Comisión, “el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado evadir el escrutinio internacional y esconder las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.
Según un informe presentado en julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron el último año y medio en Venezuela.
Bachelet pidió disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), con las que vincula la mayor parte de las muertes. Maduro acusó a la funcionaria de la ONU de “mentir”.
La organización Human Right Watch denunció por su lado que los residentes del sur de Venezuela son víctimas de abusos de grupos armados que controlan las minas de oro y afirma que estas estructuras “parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno”.
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