Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en éste centro de detención hay cuatro calabozos. En este lugar anteriormente funcionó una sede del banco Casa Propia y un bowling, y hace seis años se convirtió en sede de la policía científica, por lo que dos oficinas fueron reacondicionadas como calabozos.
Debido al crecimiento de la población reclusa y al no tener espacios adecuados para albergarla, los reos eran presuntamente esposados debajo de una escalera hasta que se suscitó un intento de fuga, tras la cual construyeron dos calabozos más.
Los cuatro calabozos tienen una capacidad instalada para 70 personas, pero actualmente sobreviven al menos 190 privados de libertad, quienes ni siquiera tienen baños y como consecuencia del preocupante hacinamiento no tienen acceso a la luz solar, al aire libre.
En esta sede policial son los familiares quienes proveen los alimentos, por lo que más del 50% de los presos no reciben comida. Algunos deudos manifestaron que la crisis económica es uno de los factores fundamentales para que dejaran de llevarles insumos, aunado a las trabas para movilizarse desde el inicio de la cuarentena obligatoria por el Covid-19, principalmente para los que viven en otros estados.
Jhonny José era uno de los presos que no recibía comida con frecuencia, situación que empeoró por la cuarentena. Se encontraba recluido en esa sede policial desde 2018 en el denominado “calabozo blanco” junto a otros 50 reclusos, a quienes en varias ocasiones les había robado comida mientras dormían.
“La comida es sagrada para los presos y él rompió las normas internas”, sentenció un funcionario, quien indicó además que el asesinato de Jhonny José fue un castigo por su mal comportamiento.
Una vez que retiraron el cadáver del interior del calabozo, los funcionarios solicitaron apoyo, clausuraron el paso por las calles adyacentes y procedieron a efectuar una requisa exhaustiva en las instalaciones.
Familiares de los reclusos se acercaron hasta el Eje de Homicidios, muchos de ellos para llevar los alimentos, y se toparon con la trágica noticia. El procedimiento se efectuó durante toda la mañana del martes, pero no hubo un pronunciamiento oficial acerca del caso.
El equipo de OVP conoció extraoficialmente que los 50 detenidos del “calabozo blanco” serán puestos a orden del Ministerio Público.
Se mantiene la huelga de hambre
En otro orden de ideas, más de 200 presos del CICPC Tronconal en Barcelona, estado Anzoátegui, se mantienen en huelga de hambre.
Los internos llevan dos días en huelga y solicitan que trasladen hasta el Hospital a cuatro de sus compañeros que están enfermos, han vomitado sangre, están muy débiles, no pueden caminar y temen por su vida.
“A esos muchachos los sacan al hospital y allí mismos los devuelven, ahora nos dicen que no los pueden trasladar porque no tienen la orden de un tribunal. Esto no es justo, nos están matando a nuestros hijos”, comentó uno de los familiares que se siente muy preocupado por la situación.
Además de clamar por atención médica para los enfermos, los presos de esta sede policial en Anzoátegui también reclaman por el retardo procesal y el hacinamiento. Esto aunado a que más del 40% de los presos presentan cuadros de desnutrición.
En otro sentido, el viernes 3 de julio fue reportada la muerte de Carlos Enrique Astudillo Betancourt, de 59 años de edad, recluso del CICPC de Upata, estado Bolívar, quien murió por problemas de salud.
“La pandemia ha agravado la situación en los calabozos policiales. Los presos necesitan ser evaluados por médicos, recibir tratamiento y posteriormente ser trasladados a centros penitenciarios”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.
“El hambre y el hacinamiento en estos calabozos están generando enfermedades infecciosas. Seguimos insistiendo en que estos centros policiales no son recintos penitenciarios, una persona no debe pasar más de 48 horas en estos espacios inadecuados”, puntualizó la directora de la organización no gubernamental.
Fuente: Lapatilla.com
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