“El gobierno provisional y la Asamblea Nacional permanecen comprometidos, tan pronto sea legalmente posible, a implementar una reestructuración ordenada y consensuada de la deuda externa del sector público venezolano”, señaló la oposición en un comunicado.
Sin embargo, la oposición señaló en el documento que este “gobierno interino” de Guaidó “es el único órgano con autoridad legal para suscribir contratos en nombre” de Venezuela.
“El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no tiene este poder“, añadió.
Maduro propone “interrumpir” pagos
El pasado 15 de septiembre, Venezuela propuso a los tenedores de bonos de la república y de las empresas estatales Pdvsa y Electricidad de Caracas acordar la “interrupción” de los pagos de intereses y capitales, aludiendo a problemas para hacer frente a los compromisos por las sanciones económicas de Estados Unidos.
La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, dijo entonces que la propuesta es parte del programa que inició Maduro en 2017 para reestructurar la deuda venezolana, y que los acreedores tendrán hasta el próximo 13 de octubre para acogerse a ella.
“Venezuela se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa, a pesar de la criminal agresión multiforme perpetrada contra el país”, añadió la funcionaria, leyendo un comunicado que, aseguró, se envió a los tenedores.
Pero la oposición venezolana aseguró este martes que el régimen de Maduro está en “situación de incumplimiento” de los servicios de todos los bonos emitidos en dólares estadounidenses.
“Estos incumplimientos empezaron en el segundo y tercer trimestre de 2017 y persisten hasta hoy“, prosiguió la oposición en el comunicado.
“Default” en la práctica
Asimismo, la oposición agradeció “la comprensión” de la mayoría de los acreedores por no iniciar “acciones de ejecución” con respecto a las obligaciones incumplidas, una medida a la que pueden recurrir hasta 2023, siendo que “el plazo legal de prescripción”, bajo las leyes de Nueva York -a las que obligatoriamente debe apegarse el proceso- es de 6 años.
El experto económico Jesús Casique dijo a Efe la semana pasada que Venezuela está, en la práctica, en suspensión de pagos, pese a que oficialmente el régimen de Maduro no se ha declarado en quiebra.
De acuerdo con el experto, el “default” de Venezuela está en el orden de entre los 22.000 y 23.000 millones de dólares, mientras que la deuda consolidada asciende a unos 175.000 millones de dólares.
Este monto equivale al 278 % del PIB venezolano, si se atiende a la cifra que reporta el FMI para este indicador en el país sudamericano: 62.921 millones de dólares.
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