Considerando que el gobierno británico puede seguir reconociendo de facto a la administración de Nicolás Maduro pese haber reconocido políticamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Corte de Apelación ordenó que se lleve a cabo una investigación en profundidad para determinar a cuál de los dos corresponde el control real de los fondos.
El Banco de Inglaterra, que custodia este oro en sus cámaras acorazadas como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela.
Presidida por Calixto Ortega, la institución lleva intentando sin éxito recuperar los lingotes, valorados en más de 1.000 millones de dólares, desde octubre de 2018, mucho antes de que surgiera la pandemia de coronavirus.
Guaidó escribió en 2019 y 2020 a las autoridades británicas pidiendo que no accedieran y advirtió que los fondos podían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos del régimen, que calificó de cleptócrata.
En su pugna con el poder, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del BCV. Sin embargo, la invalidó inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia, leal al régimen.
Así, el Banco de Inglaterra afirma encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino del oro, se dictamine quién tiene su control.
Basándose en las doctrinas legales inglesas de la voz única y el acto de Estado, la Corte Superior dictó en julio que debía reconocer a Guaidó siguiendo la decisión del gobierno británico y no podía investigar la validez de ninguno de sus nombramientos.
Fuente: AFP
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