A juicio de la coalición, liderada por María Corina Machado, la medida es un instrumento “apaciguador” de protestas que se desarrollan a nivel nacional.
«Carece de sentido político y pragmático realizar un plebiscito cuyo resultado se conoce anticipadamente desde hace dos años y medio. Los ciudadanos nos preguntamos, ¿se trata de un nuevo tirano, distinto al que contundentemente rechazamos en el 2017; o, es que acaso, el rechazo público del 16 de julio del 2017, no fue legítimo?», cuestionaron, a través de un comunicado oficial difundido por redes sociales.
Así mismo, hicieron un llamado de atención a Guaidó, indicando que es insuficiente la aplicación de la doctrina de la Responsabilidad para Proteger (R2P) para alertar a la comunidad internacional, sino que también es necesario hacer mención de pactos internacionales, debidamente suscritos, como es el caso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
“Soy Venezuela insiste en manifestar que solo la cooperación internacional, articulada con acciones humanitarias policiales y militares, en perfecta conjunción con una elevada conciencia ciudadana proclive a luchar civilmente por recuperar su soberanía nacional, es el único camino que puede enfrentar con éxito la tiranía”, apuntaron.
A continuación, el texto íntegro del comunicado:
Nacimos en el 2018, para honrar el mandato que de forma inequívoca, más de 7 millones de venezolanos dieron a la dirigencia política del país el16 de julio de 2017: desconocer la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro; exigirle a las FFAA y a todos los funcionarios públicos, defender la Constitución; respaldar a la Asamblea Nacional (A.N.) electa en diciembre del 2015; y proceder a la renovación de los poderes públicos, mediante la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional que restituyera el orden constitucional que permitiera unas elecciones libres y transparentes.
A tres años de aquella memorable gesta, sentimos la obligación ética de alertar a la opinión pública, sobre el peligro que emerge de dos situaciones en plena ejecución: la primera, la farsa electoral del “6D” que adelanta el régimen, junto a grupos políticos que en el pasado, supieron encubrir su naturaleza delictiva con apariencias opositoras; y en segundo lugar, las inconvenientes actuaciones que el gobierno interino está efectuando, desviando el cumplimiento del compromiso asumido en enero de 2019, claramente recogido en el Estatuto para la Transición, el cual, habiendo sido aprobado en forma unánime por la A.N., permitió reivindicar con vigor, el espíritu ciudadano del 16 de julio, renovándolo mediante la proposición de unas metas que toda la población supo internalizar: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Hoy esas frases, tristemente lucen devaluadas y la credibilidad de los responsables en darles cumplimiento, en su más bajo nivel.
El gobierno interino, acompañado de 37 agrupaciones políticas, suscribió públicamente el 7 de septiembre, el Pacto Unitario, el cual concluye con una insólita propuesta: “activar el Artículo 70 constitucional y convocar una consulta popular con apoyo internacional que permita a los venezolanos expresar la voz del pueblo y manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia nuestra libertad (…)”.Luego, el pasado 1ero de octubre, en continuidad de este errático proceder, la A.N. aprobó la organización de una consulta ciudadana sobre la base de dos preguntas, ambas retóricas y políticamente inútiles, que reivindican innecesariamente lo ya consultado en el 2017.
Como consecuencia, la Fracción 16-J salvó su voto, argumentando consistentemente su objeción con lo tantas veces solicitado por ella -y por Soy Venezuela- desde el 5 de enero de 2019: la invocación de la Doctrina de la Responsabilidad para Proteger (R2P) y la actuación parlamentaria que autorice en el suelo nacional “el empleo de una misión militar extranjera” con fundamento en el artículo 187.11 constitucional, única forma de lograr para los venezolanos, en lo personal, efectos humanitarios y en lo político, efectos liberadores.
Resulta paradójico que, esta innecesaria “consulta ciudadana”, fuere impulsada por el Presidente Interino Juan Guaidó, a tan solo siete (7) días de haberle solicitado a los estados miembros de Naciones Unidas, la noche del 23 de septiembre, que asumieran “la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”; afirmándole en esta misma oportunidad al mundo que, “Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”. Es evidente el carácter errático del gobierno interino, cuando por un lado, le pide a la comunidad internacional “acciones oportunas y decisivas, más allá de la diplomacia…”; pero al mismo tiempo, desconcertantemente, le consulta al pueblo venezolano que efusivamente lo legitimó para concretar el cese de la usurpación, si aún quiere ser libre.
Soy Venezuela, responsablemente denuncia que, esta nueva consulta en realidad constituye un instrumento apaciguador del proceso de transformación en rebeldía de las legítimas protestas sociales que hoy están en marcha en todo el país, amparadas por el artículo 350 constitucional; lo cual, lejos de favorecernos, creará confusión entre los países aliados, sobre la convicción de nuestro anhelo ciudadano por recuperar la libertad, alejándonos del cese de la usurpación. Considerar que, si el régimen criminal no llegare a acatar los resultados de esta negada “multitudinaria consulta”, corresponderá–“entonces sí”- a la comunidad internacional recuperar la democracia, es ignorar el mandato del 16 de julio del 2017. Carece de sentido político y pragmático realizar un plebiscito cuyo resultado se conoce anticipadamente desde hace dos años y medio. Los ciudadanos nos preguntamos, ¿se trata de un nuevo tirano, distinto al que contundentemente rechazamos en el 2017; o, es que acaso, el rechazo público del 16 de julio del 2017, no fue legítimo?.
Soy Venezuela, en atención a la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que nos afecta, reitera al gobierno interino que, no basta con alertar a la comunidad internacional sobre la urgencia de la aplicación de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), sino que, fundamentado en Pactos Internacionales debidamente suscritos, como el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) debe impulsar efectivamente su concreción. En tal sentido, nos consta que desde enero del 2019, la “Fracción Parlamentaria 16-J” ha solicitado infructuosamente, a la presidencia de la A.N. la activación artículo 187.11 constitucional, lo cual permitiría visibilizar al mundo, que la población venezolana a pesar de su abandono y desprotección social, mantiene vivo su espíritu ciudadano y se resiste a abandonar su lucha democrática. Soy Venezuela, insiste en manifestar que, solo la cooperación internacional, articulada con acciones humanitarias policiales y militares, en perfecta conjunción con una elevada conciencia ciudadana proclive a luchar civilmente por recuperar su soberanía nacional, es el único camino que puede enfrentar con éxito la tiranía. Consecuente con ello, ratifica su apoyo irrestricto a la Operación de Estabilidad para la Paz (OPE), que fuera propuesta al país por Vente Venezuela y su principal vocera, María Corina Machado.
Fuente: Maduradas.com
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