«El desarme voluntario nos remite a la decisión responsable de un ciudadano de deshacerse de un arma de fuego, generalmente legal con su respectiva documentación, entendiendo que son un peligro e incrementan exponencialmente los posibles accidentes en el hogar o para el portador», explicó Fernández en un programa de radio estatal.
Según el funcionario, para lograr el objetivo de desarme voluntario, se necesitan recursos que permitan desarrollar el plan, aunque no detalló la cantidad de dinero que requiere el proceso.
Explicó que se trata de una tarea que corresponde al Servicio Nacional para el Desarme (Senades), que debe «generar conciencia partiendo del trabajo de la prevención y sensibilización de la población».
El desarme voluntario planteado por el Gobierno «está establecido en la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, en su artículo 80, con la creación de un Fondo Nacional para el Desarme».
Fernández afirmó que los recursos se obtendrán del presupuesto nacional y de aportes de las empresas del Estado, comercializadoras de armas y municiones. Precisó, además, que el dinero del fondo se usará en «prevención, educación, en incentivos para entregar a los dadores de armas».
«(la entrega) viene acompañada de dos elementos importantes: la amnistía de quien entrega el arma para que la persona pueda hacerlo con confianza, sabiendo que no habrá una afectación posterior de carácter judicial, y el incentivo, que puede ser a través de bienes o vinculados al tema de salud, vivienda, educación, como reconocimiento a ese gesto ciudadano», explicó.
Fernández no detalló el número de armas que hay en Venezuela en manos de civiles ni cuántas personas, entre las portadoras, cuentan con licencias para su tenencia y manejo.
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Fuente: EFE
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