«Venezuela rechaza las ‘acusaciones’ sin valor de la exfiscal Bensouda, quien irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el Ministerio Público (MP). Trabajamos estrechamente con el nuevo Fiscal de la CPI, Karim Khan, para asegurar la complementariedad», reza parte del comunicado emitido por Saab, en el cual vuelve aseverar que el Estado venezolano vela por la justicia.
Fuente: Chismeven.net
«Desconocemos cuáles sean esos casos potenciales identificados por la Fiscalía, porque durante todo el período del Examen Preliminar se nos ha sustraído esa información», agrega el funcionario chavista.
«A pesar del infinito número de reuniones, todo lo que presentó el régimen, no hizo más que evidenciar que Venezuela no hay justicia», fue la respuesta de Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, en alusión a lo señalado por Saab.
«El documento de la CPI es muy claro a partir del ítem 10, hasta el 20: se atendió a Tarek, se atendió a todos los emisarios del régimen y no hicieron más evidenciar que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad», reiteró la parlamentaria.
¿QUÉ SE SEÑALA EN EL DOCUMENTO?
En el documento, hecho público por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Fiscalía; pero redactado el 15 de junio de 2021; la exfiscal Fatou Bensouda señaló como «significativo» que una vez que revisaron la información presentada por las autoridades, «los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación, serían admisible en términos de inacción».
En el oficio se destaca lo siguiente:
1.- Los organismos de seguridad señalados son: PNB, SEBIN, DGCIM, FAES, CICPC, GNB, CONAS y otras unidades de la FANB.
2.- Se hace mención a los colectivos, quienes participaron en la represión contra opositores “actuando principalmente junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”.
3.- La acusación contra el Estado venezolano es por inacción. La inacción viene dada por «el limitado número de procedimientos internos relacionados con los posibles casos identificados; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos necesarios para determinar la responsabilidad penal de personas sospechosas».
4.- Las autoridades venezolanas, agrega el informe, «no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar los casos», porque «se han iniciado procedimientos internos o se han tomado decisiones con el propósito de proteger a los (potenciales responsables)».
5.- Además, los procedimientos judiciales en Venezuela «no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcial, lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con la intención de llevar al interesado ante la justicia».
En conclusión y, ante lo anteriormente señalado, el caso conocido como Venezuela I ante la CPI, podría pasar a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución.
EL RÉGIMEN BUSCÓ TIEMPO
Vale recordar, que el pasado 28 de mayo Tarek William Saab, fiscal designado por el chavismo, presentó una “Solicitud de control judicial” por supuesta falta de complementariedad y colaboración de la Fiscalía de la CPI con Venezuela. Sin embargo, el 14 de junio, la Sala rechazó dicha solicitud, por considerarla “prematura”.
En una nota de prensa citada en el portal informativo Infobae, se explica que, si bien los Estados tienen la posibilidad de impugnar la actuación de la Fiscalía de la CPI, esto puede ocurrir una vez que la Fiscalía proceda con una investigación; y el caso de Venezuela aún no está en la fase de investigación, sino en el examen preliminar.
El régimen de Nicolás Maduro solo ganó tiempo ante la CPI, pero no evitará la investigación, así lo aseguró el abogado especialista en DDHH y representante en Europa del Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Calixto Ávila, luego de que el pasado martes 15 de junio y tras nueve años como fiscal de la CPI, Fatou Bensouda dejara el cargo sin que se anunciara una decisión sobre el caso venezolano.
Lo que impidió a Bensouda el pase a investigación ante la Corte del caso de Venezuela, en el que se señala a funcionarios del Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, fue una resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en respuesta a una solicitud de control judicial hecha por «autoridades venezolanas, justamente el 28 de mayo». Ahora, el británico Karim Khan, el nuevo fiscal de la CPI, es quien deberá continuar el proceso y determinar las conclusiones de dicha fase.
Todo, porque el Estatuto de Roma establece que un Estado parte puede pedir la revisión judicial de la decisión de la fiscal, que es lo que ha hecho el fiscal general, Tarek William Saab, funcionario designado y controlado por el chavismo.
“El objetivo final del recurso era dilatar la posibilidad de que la fiscal pudiera pronunciarse antes del vencimiento de su mandato. Fue introducido de manera confidencial por lo que el recurso va a tomar mucho más tiempo porque la introducción afecta todo el proceso, que también es confidencial. El gobierno tuvo éxito en términos que la fiscal no pudo pronunciarse y no dijo cuál sería su decisión final, pero la fiscal Bensouda sí dijo que había logrado decisión final”, detalló Calixto Ávila en una entrevista ofrecida al diario Tal Cual.
«La fiscal Bensouda llevó todas las investigaciones dentro del examen preliminar, llevándolo a la fase III, tal como lo presentó en diciembre del año pasado ante la Asamblea de Estados partes de la Corte, cuando anunció que su oficina encontró fundamentos razonables por lo menos desde abril 2017 de que autoridades civiles, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e individuos han cometido los siguientes crímenes, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución grupos con identidad propia. Si no pudo cumplir su palabra fue porque no podía pronunciarse hasta que la Sala no decidiera sobre el recurso intentado por el fiscal Saab», explicó el experto.
Fuente: Chismeven.net
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