Según datos de la junta Ad-Hoc, hasta el momento el «gobierno interino» ha gastado 121,9 millones de dólares del Fondo y solo en septiembre 1,9 millones han sido para la «presidencia» que ejercería Guaidó desde 2019 hasta un tiempo indeterminado, 3,6 millones para la «cancillería» paralela y 4,6 millones más para la «Asamblea Nacional», que oficialmente terminó su periodo en enero de este año. El desglose de estas cifras no se encuentra en el documento.
Sobre estos recursos, el economista y profesor universitario Francisco Rodríguez escribió en un hilo publicado en su cuenta de Twitter que «entre los montos más relevantes destacan» 27,9 millones de dólares para la ‘Atención Humanitaria’; 20,7 millones para el ‘Programa de Héroes de la Salud’ y 16,7 millones de dólares para el ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’.
La administración de los recursos para la atención humanitaria y los programas sociales también ha sido cuestionada con anterioridad. En julio pasado el propio Guaidó afirmó en una serie de trinos que la «dictadura» quería «con propaganda destruir la confianza de los venezolanos en todo». Esta aseveración la hizo luego de que la jefa editora del medio The Freedom Post, nada afín al Gobierno venezolano, le preguntará dónde estaba el 98 % del dinero de la «ayuda humanitaria».
En sus trinos, Rodríguez llama la atención sobre el llamado ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ debido a que «incluye el pago de bonos como parte de un ‘plan de incentivo temporal’ destinado a activistas de los partidos de oposición que respaldan al gobierno interino».
El economista cita un texto publicado en Crónica Uno donde se afirma que el ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ transfirió montos de entre 50 y 300 dólares mensuales a 16.290 militantes de los partidos opositores que habrían sido utilizados para facilitar transporte y estadías y para su labor organizativa.
Según denuncia, el uso de fondos públicos para financiar la actividad partidista es una violación a la ley, de la que la oposición también señala de cometer al Gobierno venezolano.
¿Para que sirve el Fondo?
La llamada ‘Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela’, sin validez legal alguna, fue aprobada por la AN liderada por Guaidó para «ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a atender la crisis humanitaria, social y política» de Venezuela en 2020.
¿De dónde vienen los fondos?
Según se explica en la página de la junta Ad-Hoc del BCV, estos recursos en moneda extranjera «recuperados» están depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y se utilizan «bajo estrictas medidas de control» por parte de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por si siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro.
La OFAC es la que autoriza la liberación de los recursos que mantiene congelados y confiscados provenientes de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior, como parte de las sanciones impuestas por EE.UU. como medida de presión para lograr la salida de Maduro.
El Gobierno de Venezuela sostiene que 116 millones de dólares han sido «robados» por Guaidó debido a que a ese monto ascienden los activos nacionales y depósitos del Estado en el exterior retenidos por EE.UU.
«Esos son los fondos de cuentas venezolanas, del Gobierno venezolano […] sí son recursos de nuestro banco», resaltó en un comentario a RT el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Hugber Roa.
Pero los recursos no solo provienen de los bienes confiscados. La Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en 2020 otorgó 528, 5 millones de dólares a la región «para la respuesta a la situación de Venezuela», mientras que al país suramericano le asignó 94,2 millones de dólares.
Sobre estas asignaciones monetarias, ya el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, le había pedido a Guaidó, y a los dirigentes de la oposición venezolana que lo apoyan, rendir cuentas sobre los millones de dólares otorgados por la USAID desde 2017.
Fuente: Notitarde.com
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